Graciela Juárez y Juan Guevara buscan proteger a la víctima y reparación integral del daño
Los diputados por el PRI, Graciela Juárez Montes y Juan Guevara Moreno, presentaron ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la Iniciativa de Ley que reforma los artículos 126 bis, 127 bis y 133 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en materia de combate a la violencia de género.
Con esta iniciativa se busca proteger a la víctima y la reparación integral del daño, pues, por un lado, pretende inhibir la existencia de conductas que dañen su integridad y dignidad, como las lesiones provocadas por razones de género, y por otro, procura la reparación integral del daño causado y la adopción de medidas de protección o seguridad, posteriores al hecho delictivo.
Por lo que se propone introducir el ilícito de lesiones por razones de género, con la finalidad de sancionar con mayor efectividad cualquier tipo de afectación a la integridad física de las mujeres, cuando éstas sean motivadas por móviles de superioridad masculina o de dominio aparente.
Como parte del ajuste jurídico, se modifican los parámetros de sanciones para lesiones comunes, como aquellas que tardan en sanar menos de 15 días o que dejan cicatrices en el rostro, con el objetivo de que el responsable no evada la acción de la justicia mediante beneficios procesales, como la conmutación de la pena. Aunado a ello, se elimina como calificativo de las lesiones el odio manifiesto con razones de género, con el objetivo de no generar contradicciones entre disposiciones.
Motivo por el que se propone ampliar el catálogo de las razones de género, a fin de incluir conductas como lesiones provocadas mediante el ataque con uso de ácidos o substancias corrosivas, irritante, caustica, toxica o inflamable o cualquier otra que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.
Además, se prevén una serie de medidas de seguridad, reparación o protección a favor de las víctimas que sean afectadas por esos ilícitos, remitiendo para efectos de la reparación integral del daño a la Ley Especial de Atención a Víctimas en el Estado.