Destacó las acciones del gobernador desde el primer día que entró en funciones de su cargo
Como parte de la Glosa del Primer Informe de Actividades del Titular del Poder Ejecutivo estatal, la secretaria de Gobierno del estado, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, compareció ante diputados de la LX Legislatura del estado, bajo la moderación de los diputados Luis Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Mesa Directiva, y Liz Selene Salazar Pérez, presidenta de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales.
Al hacer un recuento de las principales acciones de la dependencia a su cargo, recordó que en los primeros días de esta administración, se presentaron en el estado intensas lluvias que provocaron daños materiales y humanos, en diversos municipios como Tequisquiapan, San Juan del Río, Querétaro, Corregidora, Huimilpan y El Marqués.
Indicó que desde el primer momento de su gestión, el gobernador Mauricio Kuri, conjuntamente con los presidentes municipales, con los cuerpos de protección civil estatal y municipales, así como el invaluable apoyo de los elementos del Ejército Mexicano, acudieron a las zonas más afectadas para conocer los daños y atender las necesidades más urgentes de la población; añadió que para atender esta emergencia, el gobierno implementó un plan de acción de acción que contempló atender de manera inmediata a la población afectada y brindarles condiciones de seguridad, mediante el ejecución de diversas obras de emergencia y de mitigación; y dijo que se iniciaron se inició obras de gran calado para prevenir y mitigar en el futuro afectaciones ocasionadas por contingencias ocasionadas por lluvias.
En ese sentido, mencionó que se gestionó ante el FOVISSSTE, el pago del seguro por daños materiales que hubieran sufrido las familias afectadas; asimismo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se destinaron recursos económicos y materiales para apoyar a 2 mil 220 familias. Mientras que a la Secretaría de Desarrollo Sustentable le correspondió otorgar apoyos económicos en Tequisquiapan y en Corregidora, beneficiando a los comercios que resultaron más dañados.
Al hablar del tema de la función notarial, dijo que se implementó el programa de Certeza Patrimonial 2022, a efecto de apoyar de manera tangible, la economía de las personas afectadas con motivo de los trámites inconclusos por el entonces notario 24, de la demarcación notarial de Querétaro; agregó que este tiene por objetivo atender una grave problemática social, derivada de actos y omisiones de los servicios notariales prestados por el entonces notario 24; a través de otorgar un apoyo social por parte de Gobierno del Estado, consistente en el pago del Impuesto sobre el Traslado de Dominio omitido, los Derechos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y por parte de los municipios de Querétaro, donde se llevaron estas operaciones, como Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco, Colón, Corregidora y El Marqués, la condonación de multas y recargos, así como cubrir el costo de los avalúos hacendarios que se requieren para concluir el trámite de escrituración.
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, manifestó que impulsaron la reforma a la Ley del Notariado en el estado, que contempló hacer más accesibles los servicios que prestan los notarios a la ciudadanía, y dar certeza al individualizar el número que corresponde a cada fedatario; además de que se reconoce el derecho que constitucionalmente tienen los fedatarios públicos a la libre asociación de la función notarial; además de que se regula la figura de la suplencia, que por la importancia de la fe pública, es indispensable que esté garantizada de manera permanente; explicó que dicha reforma también tuvo un sentido social, porque obliga a que todas las operaciones que realicen los usuarios de los servicios notariales, estén garantizadas por los fedatarios a través de una fianza, que protege su responsabilidad profesional.
En su oportunidad, se refirió a la restitución del predio identificado como “La Cuadrilla de Juriquilla”, ubicado en la delegación de Santa Rosa Jáuregui; comentó que en cumplimiento de una sentencia de amparo, dictada por un Juez de Distrito y ejecutada por el juez competente, el Gobierno del estado colaboró con estas autoridades judiciales en la restitución material y jurídica de 290 lotes, con una superficie de 13.1 hectáreas; señaló que esta superficie, en parte propiedad en parte de quienes en su momento fueron trabajadores, administrativos y maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro, y a quienes se les asignaron estos lotes desde 1977, y en parte también, propiedad del Gobierno del estado.
Murguía Gutiérrez afirmó que la restitución fue planeada destinando recursos humanos y materiales del estado, del municipio de Querétaro, del Poder Judicial y de la Defensoría de los Derechos Humanos, con la mira de que ninguna persona fuera vulnerada en sus derechos. Añadió que las personas que estaban ahí asentadas de manera irregular, se les brindó apoyo logístico para el traslado y el resguardo de sus pertenencias, según lo requirieron; además de que se integró una lista de personas que se vieron defraudadas por falsos promotores inmobiliarios; y que actualmente la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Instituto de la Vivienda para el Estado de Querétaro, llevan a cabo negociaciones con las familias que habitaban “La Cuadrilla” y que han decidido participar en los programas de vivienda social, en el municipio de El Marqués y Querétaro, por lo que los terrenos serán vendidos a los afectados a precios y plazo accesibles.
La funcionaria estatal comentó que con el fin de dignificar la superficie en donde se encuentran ubicados los terrenos de los extrabajadores de la UAQ, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos para iniciar la primera etapa de los trabajos de urbanización progresiva de esa fracción, que comenzarán a finales del mes de octubre; y que las fracciones del terreno que pertenecen a Gobierno del Estado y que fueron recuperadas, serán destinadas a obras de equipamiento urbano, tales como una estación de policía municipal, protección civil municipal, áreas recreativas y verdes en beneficio de los habitantes de la zona; aclaró que el resultado del operativo arrojó un saldo blanco, sin detenidos, sin lesionados, ni personas que se opusieran al cumplimiento de la ejecución de la orden judicial.
En otro tema, Murguía Gutiérrez informó que en el Registro Público de la Propiedad, el uso de tecnologías de la información, les permite dar una mejor respuesta a las necesidades registrales de la ciudadanía, por lo que pusieron en marcha un sistema que solicita en línea certificados de forma digital, con firma electrónica, consulta remota inmobiliaria y consulta de asientos registrales; y que debido a la importancia que tienen los certificados públicos, particularmente el de libertad de gravámenes, han puesto especial empeño en la reducción de los tiempos para su emisión, sin afectar su seguridad, logrando cubrir el plazo legal en tres días, y en ocasiones en dos; sin embargo, reconoció que lo que ha detenido este impulso y generado incluso rezago en los trámites, es la infraestructura tecnológica con la que actualmente cuenta esta dependencia, toda vez que la capacidad de almacenamiento de sus servidores se encuentra al límite de su capacidad, por lo que consideran de máxima prioridad, salvaguardar la valiosa información que resguarda el Registro Público de la Propiedad, por lo que ampliarán la capacidad de los servidores, para lo cual han implementado un programa en varias etapas, que inicia este año con una inversión inicial de 12 millones de pesos, y cuyo esfuerzo continuará el próximo año.
Asimismo, enfatizó que el derecho al agua es un derecho humano fundamental, entendido así por la administración estatal, y que quienes se inconforman con las acciones llevadas a cabo, tienen desde luego el derecho a manifestarse, respetando los derechos de terceros; y que en el caso de Cadereyta de Montes, a fin de dar cumplimiento a compromisos adquiridos hace más de 16 años por la obra del Acueducto II, en este Gobierno, la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, restableció el diálogo con habitantes de diversas comunidades, y se adquirió por parte de la CEA e IVEQ, 17 hectáreas para llevar a cabo la reubicación de 243 familias de las comunidades de la zona norte de Cadereyta, como son El Torno, Las Joyas, La Luz y el Ortelano, fueron atendidas después de 16 años en que estos compromisos fueron adquiridos.
Resaltó que el IVEQ y la CEA en el municipio de Cadereyta, la asociación civil que constituyeron los habitantes de las comunidades, con la participación de la Secretaría de Gobierno, suscribieron un acuerdo de coordinación y celebrarán un convenio macro para llevar a cabo la lotificación y la urbanización progresiva de los lotes del terreno asignado; en el mismo tema del suministro del agua, la CEA informó que dotarán de este servicio del líquido a cerca de 25 mil personas de la zona centro de este municipio, a finales de este año.
Informó que se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el objeto de promover, proteger y fomentar el respeto, así como la atención a grupos vulnerables, en particular, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, justicia para mujeres, personas desaparecidas o no localizadas, víctimas de violaciones de derechos humanos y de género; añadió que este gobierno está atento a las necesidades de los pueblos originarios que habitan el territorio del estado, por lo que con la coordinación de Asuntos Indígenas y la Dirección de Análisis y Seguimiento de Políticas Públicas en materia de derechos humanos, quieren prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación, exclusión y marginación en contra de las personas y los pueblos de comunidades indígenas, y escuchar sus demandas y dar respuesta expedita a sus solicitudes, para lo cual dijo, el gobernador Mauricio Kuri se reunió con ellos en un círculo muy propio de los pueblos originarios, para escucharlos e instruir a toda la estructura de Gobierno en su atención; apuntó que son cerca de 95 mil indígenas que habitan en nuestra entidad.