El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, aclaró que si se permitiera que una agrupación ciudadana instale casillas en la Revocación de Mandato “lo que estaríamos haciendo es abrir la puerta a la ilegalidad y estaríamos legitimando a partir de este momento la parcialidad como un nuevo principio rector sobre el que se fundaría el sistema electoral en el futuro”.
Enfatizó que “el Consejo General ha protestado cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y no vamos a permitir, ni acompañar un acto de ilegalidad como el que se está pretendiendo”. Agregó “se emite un no enfático y rotundo, porque de otro modo estaríamos abriendo la puerta al desmantelamiento de nuestro sistema democrático”.
Lorenzo Córdova recordó que si hoy no hay el número de casillas que pide la ley “es por una decisión, que espero en el futuro, con humildad y compromiso democrático, las y los diputados no vuelvan a cometer o a tomar”.
La petición es contraria a la ley y al modelo que se ha construido en tres décadas
La Consejera Dania Ravel Cuevas agregó que la petición no sólo es contraria a la ley, sino a un modelo ciudadano que ha costado más de tres décadas construir, pues recordó que precisamente por la falta de credibilidad en el modelo de casillas y en los resultados de la elección de 1988 y de legitimidad en el Ejecutivo Federal, se dio una de las principales reformas en materia electoral del país, en la que se creó el INE, la existencia de un control registral, el Padrón Electoral y la Credencial para Votar con Fotografía.
“El modelo que tenemos ahora es fruto de años de aprendizaje y nos ha costado muchos años construirlo, es fruto del desarrollo democrático como país, por lo tanto, coincido que la respuesta a la pregunta que se nos formuló debe ser un contundente no”.
Atribución exclusiva del INE
La Consejera Norma De la Cruz Magaña coincidió con la negativa, al recordar que es una atribución exclusiva del Instituto la ubicación de las casillas, la doble insaculación y capacitación de las ciudadanas y ciudadanos, emitir y entregar la Lista Nominal y la papeleta, así como acreditar a las representaciones y observadoras y observadores.
Para ello, el INE realiza una doble insaculación y doble capacitación, los consejos distritales aprueban el número y la ubicación de las casillas en lugares establecidos en la ley, “no ser casas habitadas por servidores públicos o de confianza, no ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate; no ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto o locales de partidos políticos y no ser locales ocupados por cantinas, centros de vicios o similares”.
Preocupante que quienes se organizaron para convocar el ejercicio sean juez y parte
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña apuntó que la solicitud hecha por la asociación civil es preocupante “porque significa que se quieren desconocer nuevamente las atribuciones del INE y, por otra parte, que las personas interesadas quieren ser juez y parte, es decir, no sólo se organizaron para convocar a este ejercicio inédito, sino que además quieren instalar las casillas”, lo que conlleva hacer el escrutinio y cómputo de las mismas, advirtió.
Ruiz aclaró que la responsabilidad de la cantidad de casillas que se instalarán para la consulta de Revocación de Mandato es de la Cámara de Diputadas y Diputados, “por no haber dado los recursos solicitados en tiempo y forma por esta institución”.
Privatizando las elecciones
Lo que está pidiendo un grupo de particulares es “que demos carta de validez a todos los trucos de aquel viejo pasado de picaresca y defraudación del voto contra los cuales la sociedad mexicana se movilizó durante décadas para darse un sistema electoral confiable, digno de una democracia, y por eso es que las elecciones son una función estatal en un organismo profesional y autónomo”, puntualizó el Consejero Ciro Murayama.
Es decir, que parte de la función electoral se privatice y se capture por un grupo de particulares. “Estaríamos rompiendo cada uno de los eslabones de la confianza de la cadena de confianza en el sufragio efectivo, estaríamos privatizando las elecciones y renunciando a la imparcialidad, a la objetividad y a la legalidad”, agregó.
Regresión histórica
“Espero que esta petición no sea la confesión de parte de querer apropiarse totalmente de las elecciones, ¿a eso le llaman democracia?”, cuestionó el Consejero Jaime Rivera Velázquez, quien afirmó que representaría una regresión histórica ya superada por el país.
Dijo entender que la propuesta surja de una agrupación particular “que ha demostrado mucho entusiasmo y muchos recursos para promover el proceso”, pero cuestionó que la pretensión la repitan representantes de partidos especializados en materia electoral y que además sean legisladores los que insistan que se haga algo contrario a la ley, “es muy preocupante porque es una confesión del propósito de este partido, de apropiarse por entero del control de la elección, controlar las casillas, hacerse cargo de los preparativos de una elección, poner en manos del gobierno todos los eslabones del proceso electoral”.
