«Debido al recorte presupuestal avalado por la Cámara de Diputados se tendrá una presión de gasto por 223.3 millones de pesos»
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer un presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2023, por un monto de 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos que refleja el recorte aprobado por la Cámara de Diputados, de acuerdo con la siguiente distribución:
La presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Consejera Claudia Zavala Pérez refirió que debido al recorte de 4,475 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados, el INE tendrá el próximo año una presión de gasto por 223.3 millones de pesos.
“Lamentablemente y de nueva cuenta, en un contexto marcado por una violenta embestida desde el poder contra el INE, a fin de desacreditarlo y mermar su eficacia operativa por la vía financiera, una mayoría de la Cámara de Diputados autorizó a este órgano constitucional autónomo un total de 13 mil 987 millones 856 mil 733 pesos lo que implicó un recorte de 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos, respecto de los 18 mil 463 millones solicitados inicialmente, para llevar a cabo las elecciones y una eventual Consulta Popular”.
Precisó que en este presupuesto están incluidos los recursos para llevar a cabo los procesos electorales locales de Coahuila y Estado de México, así como el inicio del Proceso Electoral Federal 2024.
Asimismo, “incluye la administración y actualización permanente del Registro Federal de Electores, la expedición gratuita de la credencial de elector, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus candidaturas; el monitoreo permanente de las emisiones en radio y televisión; los trabajos de la demarcación territorial de los distritos uninominales federales y locales y todas aquellas actividades mandatadas por la Constitución, las leyes electorales y la normativa relacionada”.
El recorte no pone en riesgo ninguna de las actividades del Instituto
Lorenzo Córdova, presidente del INE
Además, resaltó que los proyectos con más recursos están encaminados a organizar procesos electorales locales, el Proceso Electoral Federal y fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales y se prescindirá de proyectos como el de la infraestructura inmobiliaria y se limitará el uso de materiales de oficina, arrendamientos, estacionamiento, servicio telefónico y energía eléctrica.