El PRI en la Cámara de Diputados planteó penas de hasta 60 años de cárcel para los servidores públicos que cometan o sean partícipes en homicidios en contra de periodistas o defensores de derechos humanos.
La propuesta reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La legisladora Carolina Dávila propuso que todo aquel servidor que inhiba, intimide, hostigue, amenace o dañe la integridad física o psicológica por el ejercicio de su actividad contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, sea acreedor a la sanción.
