Vecinos del fraccionamiento solicitaron la intervención de la regidora Ivonne Olascoaga por el cierre ilegal de las calles
La Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro confirmó la inviabilidad de la colocación de controles de acceso en Privada Juriquilla que se instalaron desde 2019, luego de que los vecinos del fraccionamiento solicitaron la intervención de la regidora Ivonne Olascoaga por el cierre ilegal de las calles y los cobros indebidos de una empresa “administradora” de la Asociación de Colonos.
Los vecinos solicitaron el apoyo de la Coordinadora de Regidores de Morena en el Municipio de Querétaro porque la colocación de los controles de acceso se realizó sin permiso de diferentes instancias municipales y a partir del cierre, existen conflictos vecinales, amenazas al grupo inconforme y cobros indebidos por supuestas deudas de quienes se niegan a pagar la operación de las casetas.
Este mes, la Secretaría de Movilidad del Municipio confirmó a la regidora que, con base en el Reglamento de Controles de Acceso y Casetas de Vigilancia Municipal, Privada Juriquilla, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, recibió una respuesta “no viable” para la instalación de los controles de acceso.
Con anterioridad, los vecinos señalaron que el cierre se dio a pesar de no existir el visto bueno de Protección Civil, porque el espacio que se dejó para que ingresen los vehículos es muy pequeño y es imposible que pasen los cuerpos de emergencia, además que las casetas “se construyeron a media calle”. Los vecinos inconformes exigen frenar el hostigamiento en su contra y el cobro de medidas que no aprobaron.
El fraccionamiento Privada Juriquilla se entregó al Municipio de Querétaro en 2001, cuando se creó también la Asociación de Colonos con los 560 lotes de la colonia. Aunque desde su origen Privada Juriquilla se vendió como un espacio abierto, no como condominio, alrededor de 300 familias decidieron colocar casetas de control de acceso con un cobro de 650 pesos mensuales para la seguridad, lo que inconformó a una parte de los vecinos que no quería las casetas.
En noviembre de 2019 se ubicaron los controles en las calles de Cierro Prieto y Tortuga, “se colocaron cadena y candado, no puede entrar ningún vehículo de emergencia, ni policía, en caso de una emergencia hay que buscar a la persona que tiene la llave, ya tuvimos un evento de un boiler que explotó y no pudieron entrar ni bomberos ni Cruz Roja porque las casetas son muy chicas y no pasaban sus vehículos. Esa vez Protección Civil nos dijo que ellos no habían sido enterados de esa situación, sobre todo porque a dos cuadras hay ductos de gas y es un riesgo que no puedan entrar las unidades”.
A pesar de no tener los permisos necesarios, ni la declaratoria de viabilidad de la Secretaría de Movilidad Municipal, la empresa administradora realiza cobros a los vecinos, incluso a los que se opusieron y tienen cuentas que crecen cada mes, por lo que se colocaron avisos en las casetas donde se recomienda preguntar por los “adeudos” de las viviendas antes de comprar o rentar en el fraccionamiento,.
A esto se suman agresiones contra quienes rechazaron el cierre de las calles y que iniciaron procedimientos legales; por ejemplo, hace tiempo se colocaron lonas con la información personal de los inconformes y se les responsabilizó de los casos de inseguridad que pudieran presentarse en la colonia.
“Esta historia se repite en distintos fraccionamientos, que desde su origen son abiertos, sus calles deben ser abiertas y de libre paso, no son condominios, no se plantearon como espacios cerrados y la gente que compró en ellos sabía que eran espacios abiertos; la gente recurre a estas medidas porque tiene miedo a la inseguridad, pero la falta de respuesta de las autoridades aumenta el riesgo de las agresiones y los conflictos vecinales. Los vecinos de Privada Juriquilla que se inconformaron ingresaron oficios a la asociación desde noviembre de 2020 sin recibir respuesta y después lo hicieron ante las instancias municipales, donde tampoco los atendieron. Hoy Privada Juriquilla, así como pasó en Misión La Joya, enfrenta un conflicto vecinal creciente por la falta de atención principalmente por la autoridad y esto no puede seguir así”, declaró la regidora.
Recientemente, los vecinos recibieron un mensaje de la empresa administradora de la Asociación de Colonos, donde se les notifica que existe un control de mudanzas en el fraccionamiento, así que deberán avisar con 48 horas de anticipación para estos cambios y la mudanza tendrá que realizarse de lunes a domingo solamente en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo que tampoco tiene un sustento legal.
Los vecinos inconformes exigen que se les entreguen cartas de no adeudo por la instalación de las casetas que no apoyaron, que se reconozca su derecho a no pertenecer a la Asociación de Colonos y el cese del hostigamiento en su contra, porque la mayoría son personas adultas mayores, con discapacidad o bien, con algunas otras condiciones de vulnerabilidad.
